Un tribunal de Quito anuló ayer viernes la regulación del gobierno de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Exteriores para que presente un plan de contingencia humanitario frente a los problemas de migración si es que quiere seguir aplicando esa medida. Decisión que tuvo a lugar la Unidad Judicial Tercera de la Familia, en una audiencia de solicitud de medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo contra la exigencia de exigir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos dando un vuelco así en las esperanzas de los miles de imigrantes que llaman a  las puertas del Ecuador desde hace meses, particularmente a aquellos que ya habían salido de Venezuela sin pasaporte y estaban de camino o incluso en las terminales.

431143_662001“Este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos” insistió el Abogado Ernesto Pazmiño, para quien la juez Edith Naranjo , lo que ha hecho, es “sumarse al pedido y al clamor de Ecuador y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración”, que es un “problema regional”.  Sin embargo, por el momento no está claro si la jueza Edith Naranjo ha anulado de forma definitiva dicha aplicación de la regulación, que entró en vigor el pasado sábado, o la ha condicionado al plan de contingencia que debe presentar el Ministerio de Exteriores en 45 días.

El Abogado Ernesto Pazmiño ha asegurado que no hay relación entre las dos cosas y que lo que la jueza ha solicitado es un “plan humanitario” que dé respuesta a los problemas que origina la masiva llegada de venezolanos, pero que en ningún caso el Gobierno podrá volver a instaurar la restricción de los pasaportes.  Sin embargo, el ministro de Exteriores, José Valencia, anunció inmediatamente nuevas medidas de control en frontera, ha considerado que la prohibición de exigir el pasaporte es únicamente 45 días.

La decisión de la Corte se produce a menos de veinticuatro horas de que el vecino Perú aplique una medida similar, siguiendo los pasos de Ecuador que la instauró el pasado sábado.

La intención del Gobierno ecuatoriano era tener un mayor control sobre la migración de venezolanos, pero su decisión fue contestada por la Defensoría del Pueblo como una violación de los derechos humanos.

Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, se mostró “decepcionado” por el fallo pero dijo “respetar” la decisión del poder judicial a lo que dijo: “Nos parece que la juez ha actuado dentro de sus competencias y tenemos que respetar su decisión. Tendremos que analizarla pero aparte de este respeto a la decisión judicial existe también una decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas”, afirmó ante los periodistas. Y justificó la decisión de imponer el pasaporte en que, lo que hace la Cancillería, es “todo lo que puede para mantener una migración controlada, segura y responsable para que los ciudadanos venezolanos puedan insertarse en el Ecuador de la manera correcta”.

 

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